Resumen: Discrepancia jurídica en el orden de los apellidos de un menor en caso de paternidad reconocida en procedimiento de reclamación de paternidad no matrimonial. En la instancia se decidió que el primer apellido fuera el de la línea paterna y el segundo el de la línea materna en aplicación de la legalidad vigente (artículos 109 CC y 194 Reglamento de la ley del Registro Civil). La Sala estima el recurso de casación y reitera su doctrina (STS 17 de febrero de 2015) en interpretación correctora de la legalidad vigente atendiendo al interés del menor y a la vigencia de los principios constitucionales que inspiraron la reforma de la ley del Registro Civil 20/2011, aún no en vigor. El interés del menor impone que el primer apellido sea el materno y el segundo el paterno, al ser conocido con el "nomen" primigenio tanto en el ámbito familiar, como en el escolar y social, durante los seis años que ha durado el procedimiento.
Resumen: Se presenta demanda en reclamación de filiación paterna no matrimonial y para que se proceda a inscribir el primer apellido del demandante tras el nombre del menor. Las sentencias de instancia estimaron la demanda. Recurso extraordinario por infracción procesal, no hubo emplazamiento defectuoso de la demandada, existe certeza de que ese era su domicilio, que su padre quedó enterado de que se le pretendía entregar una documentación judicial para que la hiciese llegar a su hija, que se negó a recibirla y que se introdujo la misma en el buzón en el que ella aparecía, concluyendo que ha sido su conducta voluntaria la que ha propiciado su falta de emplazamiento. Recurso de casación, el interés superior del menor aconseja que en el orden de los apellidos del menor el primero sea el de la línea materna, ya que a la fecha en que se resuelve el recurso el menor tiene cerca de seis años, durante los cuales familiar, social y escolarmente se ha identificado para el primer apellido con el de la madre, con el que debe permanecer.
Resumen: Es el padre quien interesa la modificación de la custodia acordada previamente en sentencia definitiva, admitiendo el tribunal que en interés del menor debe prevalecer en todo caso, ya sea la custodia compartida la regla general como prevé la Ley Valenciana, ya la excepción como contempla el código civil. Atiende la Sala a los informes psicológicos de perito adscrito al juzgado y entiende que la custodia compartida por semanas alternas beneficia al menor.
Resumen: La obligación de dar alimentos es una de las obligaciones de mayor contenido ético, alcanzando rango constitucional. La jurisprudencia predica un tratamiento diferente según sean los hijos menores de edad, o no. Ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y el juicio de proporcionalidad del artículo 146 CC, teniendo en cuenta el mínimo vital del menor y también el del alimentante. En este caso, a juicio del Tribunal, el criterio de proporcionalidad no ha previsto el gasto habitacional que tiene que soportar el alimentante. La progenitora cuenta con más ingresos. Una compensación por el uso de la vivienda debe considerarse de algún modo. Así mismo la sentencia prevé lo que son gastos extraordinarios, pero incluye alguno que no tendría tal consideración, como el comedor o uniforme escolar, que por lo general se computan a cargo de la pensión ordinaria, de modo que si el progenitor ha de correr con esos gastos aparte, aun de forma compartida, es algo excesiva la pensión fijada, y por ello se estima parcialmente el recurso y se reduce su cuantía.
Resumen: Formulada demanda de modificación de medidas por D. Jesús María frente a Dª Susana en la que solicita la atribución de guardia y custodia compartida de los hijos menores Paloma e Feliciano y el establecimiento de una serie de medidas relacionadas y, subsidiariamente, la minoración de su contribución a los alimentos de los menores a la suma de 250 euros mensuales, a la que se opuso la demandada, se dictó sentencia que desestima la pretensión principal, estima parcialmente la subsidiaria y fija en cuatrocientos (400) euros mensuales la contribución del demandante a los alimentos de los hijos comunes. Recurre la parte demandante. Alega el interés del menor y error en la valoración de la prueba. Se estima el recurso.
Resumen: El derecho de los padres biológicos no es reconocido como principio absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado. La adecuación al interés del menor es el punto de partida y el principio en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno a la defensa y a la protección de los menores. Las medidas que deben adoptarse respecto del menor son las que resulten más favorables para el desarrollo físico, intelectivo e integración social del menor y hagan posible el retorno a la familia natural, pero este retorno no será aceptable cuando no resulte compatible con las medidas más favorables al interés del menor. Para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre, teniendo en cuenta, entre otras, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, y si se han desarrollado vínculos afectivos con ella.
Resumen: Negar ahora una paternidad que tiene reconocida y no consta impugnada no merecen otra respuesta que el rechazo sin que se precise otra argumentación. El tratamiento jurídico de la obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad presenta una marcada preferencia por incardinarse en la patria potestad derivando, básicamente, de la relación paterno-filial, sin verse afectado por las limitaciones propias del régimen legal de los alimentos entre parientes, de modo y manera que la satisfacción de las necesidades de los hijos menores han de primar sobre la satisfacción de las propias necesidades de los progenitores, que han de sacrificarlas a favor de la satisfacción de las de aquéllos. El fundamento de la concesión de pensión alimenticia a los hijos en caso de crisis matrimoniales de sus progenitores no es otro que garantizar una estabilidad económica para sufragar alimentos, vestido, asistencia médica, educación. Se acuerda limitar la pensión alimenticia a 150 euros/mes, cantidad que constituye el mínimo vital o imprescindible para el desarrollo de la menor en condiciones de suficiencia y dignidad.
Resumen: No se ha acreditado que se haya producido la alteración sustancial en las circunstancias tenidas en cuenta en su momento, en la contestación a la demanda de divorcio hizo constar el ahora recurrente que no disponía ni de trabajo ni de ingresos. Nadie puede ir contra sus propios actos. Ahora no puede sostener lo contrario para pretender un cambio de circunstancias. Las circunstancias son las mismas. Además, adquirió un automóvil nuevo. El régimen de visitas, siendo que el menor tiene 7 años, es criterio generalizado que el fin de semana con el progenitor no custodio comprenda las noches de los viernes y de los sábados. Que muchos viernes por la tarde pueda tener actividades extraescolares no debe limitar la comunicación con el padre, por ello es razonable establecer, en beneficio del menor, que sea recogido por su padre a las siete de la tarde de los viernes. Visto que el menor reside con su madre en Badajoz y el padre en Oliva de la Frontera, la Sala acuerda que el padre lo recoja en Badajoz los viernes y la madre lo haga en Oliva de la Frontera los domingos.
Resumen: En medidas paterno-filiales, tras la ruptura de una pareja de hecho, recurre el padre que no se haya fijado un régimen de visitas a su favor y la cuantía de los alimentos, que pretende que se rebajen. Respecto a las visitas, en las que se ha de salvaguardar el beneficio del menor, no se aceptan las causas de su denegación, el no asistir el padre a la vista del proceso y no mantener relaciones con su hijo desde hace tiempo, por no ser concorde con el interés y beneficio del menor, pero ponderando que ha transcurrido un significativo periodo de tiempo sin contacto personal por la pasividad del padre, se ha de instaurar un régimen mínimo y, una vez normalizado, se ampliará en ejecución de sentencia. Ahora se comienza por unas horas los sábados en semanas alternas, con la obligación de recoger y devolver al menor a su domicilio. Respecto de los alimentos, se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, y se basa en un principio de solidaridad familiar. Lo normal es fijar un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación. Aquí se desconocen los ingresos efectivos del padre, y afirma estar desempleado, por lo que cabe fijar un mínimo vital que se pondera, en ausencia de otros datos, en 75 euros al mes, sin perjuicio de revisar esta medida de acreditarse la variación de fortuna.
Resumen: En demanda sobre relaciones paterno-filiales, se pretende la reducción de los alimentos de una hija menor. La sentencia respeta el principio de proporcionalidad, pues la reducción que efectúa lo es en contemplación a la cantidad que percibe el obligado de su prestación de desempleo, máxime cuando el actor vivía con sus padres, que soportaban sus gastos de habitación y alimentos. La sentencia apelada, ante la eventualidad de extinción de tal subsidio, rebajó de nuevo la pensión alimenticia, pues aunque existe una presunción real de ingresos, que permite la fijación de un mínimo vital, por la circunstancia de que el padre se trasladó a otra ciudad a buscar trabajo. Parece lógico, aunque viva en casa de un hermano, que tal traslado respondió a una perspectiva real de incorporarse al mundo laboral y no una mera hipótesis utópica, difícilmente conciliable con dicho cambio de residencia, que además se estabilizó al no cumplir con el régimen de visitas del mes de agosto pasado. Por otro lado, la madre es pensionista de una prestación por incapacidad permanente, habiendo perdido su anterior trabajo, por lo que se considera que el padre cuenta con capacidad para abonar la pensión fijada, siendo su satisfacción un sacrificio patrimonial que se le puede pedir y atender, todo lo cual conduce al rechazo del recurso.
